16 de septiembre de 2011

Los imperativos de las políticas educativas de los´90

Resumen elaborado por la compañera Aurora Casco sobre el texto:
  • Tiramonti, G. (1999). Los imperativos de la política educativa de los 90, Revista Propuesta Educativa, FLACSO, Nº17, Buenos Aires.

Resumen:

América Latina en los años 80’ comienza un proceso de modernización:
* Se asiste a la recuperación de los gobiernos democráticos;
* Se comienza a modificar el modelo de desarrollo con la reestructuración de la economía  a fin de incorporar a la región al flujo del intercambio mundial de bienes y servicios.
La reestructuración era necesaria en el marco del proceso de globalización, que amenazaba con excluir a los países no avanzados. Tanto el intercambio comercial como financiero era monopolizado por Estados Unidos, Japón y Europa occidental.
La globalización en tanto nueva organización del orden mundial resignificaba las tradicionales desigualdades, teniendo como fundamento el control diferencial del cambio tecnológico.
En este marco, los países periféricos, excluidos de intervenir en la configuración del orden mundial, iniciaron proceso de reconversión económica destinado a adaptarse a él e incorporase al intercambio. La modernización adquiere un carácter economicista. Paralelamente, se asiste a cambios muy profundos en el campo de la organización societal. El Estado como eje vertebrador del orden es desplazado por la racionalidad del mercado que es el único que puede recrear un orden compatible con las exigencias de competitividad internacional.
Los Estados Nacionales pierden su legitimidad y su relevancia, por un lado, por el proceso de globalización, que ha provocado una pérdida de la autonomía, ya que se han visto obligados  a ceder su capacidad decisoria a favor de las empresas trasnacionales, u organismos de financiamiento internacional, que determinan los lineamientos políticos que deben aplicar los estados. Por otro lado, se encuentra la deslegitimación de la política como organizadora del orden societal.
Uno de los resultados de este cambio ha sido la emergencia de un creciente grupo de expulsados del mundo del trabajo que conlleva a un fenómeno de desafiliación social que se manifiesta en claros indicadores de desintegración social. La globalización económica acentuó las desigualdades sociales.
En este contexto, los sistemas educativos se encuentran sobredeterminados por la globalización, desintegración y reconversión del lugar social del Estado. Así, los sistemas se encuentran tensionados entre el imperativo de la inserción, la reconstitución de los dispositivos regulatorios del estado y la demanda por la integración societal.


El imperativo de la inserción

La competitividad fue uno de los ejes del proceso de globalización tanto a nivel nacional como internacional. El temor a quedar excluido incitó a desarrollar estrategias que proporcionaran condiciones de mayor competitividad en diversos sectores como la educación. 
El imperativo de la inserción en el campo educativo se basó en el mejoramiento de la calidad de los servicios. Hablar de calidad significa a la formación de individuos en competencias en relación a los requerimientos del mercado de empleo y consumo. Así, en los 90’ se pasó de políticas centradas en el principio de equidad o igualdad de oportunidad a un conjunto de acciones que se justifican por las exigencias de la inserción.
La calidad como requisito de la equidad se basaba en la provisión de recursos que permitieran generar en el conjunto del sistema condiciones de mejoramiento de las prácticas educativas. La exigencia de la inserción, bajo los imperativos del mercado, resemantiza el concepto de calidad incluyendo elementos de excelencia, distinción y construcción de ventajas comparativas que presionan a favor de una fuerte diferenciación del sistema para la formación de recursos humanos. Se busca generar recursos humanos con la calificación requerida para operar dentro de un escenario globalizado y responder a las exigencias del mercado laboral.
El Estado Nacional concentra sus esfuerzos en la producción de una serie de insumos técnicos que puede producir centralmente a un costo que no exige modificar la pauta de distribución del ingreso y los pone a disposición del sistema. Sin embargo, no tiene en cuenta la heterogeneidad de los sectores socio-culturales que requieren propuestas diferenciadas. Por otro lado, los insumos contienen un alto potencial de calidad que se actualiza mediante la confluencia de otra serie de factores que no son garantizados para todas las instituciones.
La disyunción entre las potencialidades de los insumos y las condiciones reales de las instituciones y las conformaciones culturales de las que estas participan generan una nueva diferenciación en el sistema.


El imperativo de la regulación

Teniendo en cuenta que el desplazamiento del Estado y la retracción de la sociedad salarial ponen en crisis toda la estructura de control y regulación societal.
Las reformas educativas expresan la necesidad de recomponer los dispositivos de regulación y control tanto de la sociedad en su conjunto como de los diferentes sectores de su actividad.
En cuanto a la  regulación societal, los aportes más relevantes se ubican en la redefinición de los principios y valores que legitiman la distribución de bienes sociales y moldean los procesos de constitución de las subjetividades. Hay un desplazamiento de los valores que estructuran a la sociedad. Se ponderan los valores del mercado, la  competitividad, la productividad y eficiencia como medida de todas las relaciones sociales, por sobre los valores de solidaridad, de pertenencia nacional que configuraron a los sistemas educativos.
El nuevo paradigma educativo se organiza alrededor del principio de la competitividad que prescribe para el Estado una acción destinada a introducir una lógica de cálculo racional-instrumental (de medios y fines y costos y beneficios) en la organización del sistema.
Las metodologías de incentivar la innovación escolar mediante proyectos, los mecanismos competitivos ideados para asignar recursos o la centralidad otorgada a las funciones de gestión de los directores de las instituciones escolares son un claro referente. Estas lógicas y los valores que en ellas subyacen pautan la acción cotidiana de la escuela y los procesos de socialización a través de los cuales se moldean las subjetividades en pos del mandato del mercado.
A principio de siglo fueron los valores de la ciudadanía y de la solidaridad societal los que definieron las posiciones seculares, hoy son los de la competencia y la eficiencia. Sin embargo, los valores de mercado no parecen ser suficientes para construir un sentido de pertenencia.
Otro aspecto de la reforma educativa  es la  renovación de los dispositivos de control sectorial para asegurar mayores niveles de gobernabilidad. Para ello, se producen cambios en el modelo de gestión que permiten establecer nuevas articulaciones entre centros de gobierno e instituciones educativas, dispersar los escenarios de conflicto, trasladar el núcleo de las responsabilidades a la base del sistema y concentrar recursos para construir un polo con capacidad técnica para el diseño de políticas que direccionen al conjunto del sistema.
En un escenario de rediseño del papel del Estado, de sus funciones y responsabilidades en relación a las múltiples dimensiones del quehacer social y fuertemente direccionado a la innovación. El nuevo paradigma de gestión se propone reestructurar el sistema en base a la descentralización financiera y administrativa, la autonomía de las instituciones escolares y la correspondiente responsabilidad de las mismas por los resultados educativos. La innovación es viabilizada a través de proyectos especiales y las políticas focalizadas son la estrategia destinada a compensar las desigualdades extremas.
En el caso Argentino la producción de curriculum nacional, la construcción de una red de formación y capacitación docente cuyas líneas convergen en el ministerio nacional, el desarrollo de programas compensatorios, la evaluación nacional de resultados educativos, el control de los créditos internacionales y la transferencia de fondos del centro a las jurisdicciones ha potencializado fuertemente la capacidad de regulación del gobierno nacional.
La metodología permite pautar la agenda de cuestiones a la que se debe abocar la escuela, regular su dinámica interna a través de los plazos para los informes y las mediciones de logro, introducir la lógica de la competencia inter-institucional paran obtener la asignación de los fondos, construir una presencia de la autoridad en el interior de la institución y derivar responsabilidades a la base del sistema.
El paradigma centra su atención en la necesidad de constituir instituciones autónomas con capacidad de tomar decisiones por sí mismas, organizar su tarea alrededor de los proyectos institucionales, administrar adecuadamente recursos económicos y seleccionar los procedimientos que les permitan obtener los resultados deseados que luego serán evaluados por las autoridades.
Se desplaza el control desde la supervisión de los procedimientos propios del modelo tradicional a la medición o evaluación de resultados ya sea de los proyectos como de los aprendizajes de los alumnos. Se trata de una delegación de responsabilidades del centro a la base a través de la cual el primero delimita las materias en que las instituciones pueden obrar de acuerdo a su propio criterio. El control deja de ejercerse sobre las decisiones puntuales para trasladarse a la evaluación de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de estas decisiones.


Las exigencias de integración

Los sistemas educativos de los países de América Latina y en especial los de industrialización temprana como la Argentina, se expandieron gracias a  un modelo societal que se proponía la progresiva inclusión de todos los sectores sociales al mercado laboral y de consumo. Escuela y trabajo constituyeron dos mecanismos diferentes pero complementarios de integración e incorporación social. La responsabilidad del sistema educativo en la construcción de la integración social estaba limitaba a internalizar en los actores una representación del orden societal y del lugar que legítimamente le corresponde ocupar en él.
Esta situación se ha visto modificada por el proceso de globalización que se ha caracterizado por la democratización del régimen político cada vez más incluyente y un proceso de modernización del Estado de carácter socialmente excluyente. Esto ha provocado en los sistemas educativos una mayor demanda para reforzar la socialización integradora, en especial en los sectores excluidos del mercado. La escuela, no sólo debe representar el orden imperante, sino que también debe proporcionar asistencia material, social y afectiva que permita neutralizar la violencia que genera la condición de marginal.
Este nuevo lugar de la escuela se construye a partir de la confluencia de una situación social crecientemente conflictiva en razón de las tendencias expulsivas del mercado de empleo, la insuficiencia de la red institucional pública para hacerse cargo de los resultados de las políticas económicas, la debilidad organizativa de la sociedad que genera una trama societal con baja densidad institucional y la necesidad de las escuelas de redefinir un espacio de legitimidad que la recoloque en el entramado societal.


A modo de cierre: La redefinición del espacio social de la escuela.

Según la autora, en la reconfiguración del sistema educativo a partir de la redefinición del espacio social que ocupa la escuela, hay dos elementos que no deben dejar de mencionarse:
1º La mutación cultural que tiene un enorme impacto en la legitimidad y relevancia social de la escuela. Este cambio consiste básicamente en una organización mas-mediática de la cultura que ha desplazado a la letra como su principio estructurador.
El desarrollo de los medios de comunicación masiva, de la tecnología informática y los recursos tecnológicos que confluyen en el mercado (C.D., Internet, etc.) generan un circuito de circulación de información y saberes ajenos a la escuela, que compiten con ella tanto en la tarea de incorporar a las nuevas generaciones a la esfera pública a través del conocimiento de una realidad más amplia y compleja que la de su entorno familiar, como en su función de dar acceso a los saberes que permiten a los individuos constituirse en interlocutores en la red de comunicación social. Cuestionando al espacio escolar como el único posible para la difusión cultural y la incorporación del conocimiento socialmente producido.
2º En la década del 80 se diagnostica la crisis de los sistemas educativos nacionales dada las dificultades de estos sistemas para satisfacer las exigencias de formación tanto para el mundo del trabajo como para el desempeño ciudadano. La irrelevancia y obsolescencia de los contenidos que por ella circulaban, se pusieron en evidencia prácticas institucionales y docentes disfuncionales a la tarea pedagógica, se detectó una tendencia de los agentes escolares a desresponsabilizarse por los logros cognitivos de los alumnos y se presentó, en líneas generales, una escuela impotente tanto para la construcción de la igualdad como para la generación de circuitos de alta calidad.
La crisis afecta el núcleo central de la escuela ya que cuestiona su idoneidad como institución pedagógica, conmueve su relevancia social y genera un proceso de readaptación a un contexto que se ha vuelto turbulento para ella.
En este proceso de adaptación las instituciones procesan la información que proviene de la sociedad y recomponen su oferta tratando de dar respuesta a aquellas demandas que les son más inmediatas y que les permiten mantener un espacio de reconocimiento en el medio en el que están insertas.
En este esfuerzo adaptativo las escuelas adquieren perfiles muy diferentes que se corresponden con las características socio-culturales de los alumnos que atienden, las aspiraciones que albergan sus padres y las estrategias educativas que estos desarrollan para concretarlas.
En esta conformación de nuevos perfiles institucionales el Estado está presente con demandas y aportes muy diferentes que afectan de modo también diferencial a las instituciones. Hay insumos de calidad sólo actualizables por algunas, control externo de los resultados, determinación de las agendas institucionales, introducción de valores competitivos y utilización del espacio institucional para la contención social. En ningún caso se trata de una presencia que permita construir un sentido compartido por el conjunto de las escuelas.
La secundarización de la lógica política a la del mercado, el posicionamiento del Estado como promotor de intereses particulares sin capacidad de ordenarlos en favor de un interés más amplio desplaza la construcción del sentido institucional de la esfera política al campo de lo social.
La institución escuela esta atravesando un proceso de reconstrucción de su identidad social a través de una nueva articulación con las demandas societales que al no estar mediadas por el Estado no tienen un contenido universalista que expresa las expectativas del conjunto de la sociedad, sino que por el contrario dan cuenta de necesidades particulares (asistencia material, contención afectiva, socialización en determinados valores y símbolos entre pares culturales, adquisición de competencias específicas para el mundo del trabajo, etc.) que pretenden una conformación institucional también particular.

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